Colombia dejó de formar parte de la coalición internacional por los derechos LGBTIQ+, un mecanismo internacional dedicado a la protección de los derechos de las personas de la comunidad, en una decisión que generó polémica apenas se conoció. El anuncio, comunicado formalmente el jueves 17 de septiembre de 2026, no solo representa la salida de un espacio de cooperación multilateral, sino también la renuncia anticipada del país a un rol de liderazgo que ejercía junto a España.
La decisión llegó sin mayor explicación pública en un primer momento, lo que generó cuestionamientos inmediatos por parte de organizaciones de la sociedad civil. Horas después, el Gobierno salió a dar su versión de los hechos, en medio de un debate que sigue abierto sobre lo que este retiro representa para la política exterior colombiana en materia de derechos humanos.
¿Qué es la Coalición por la Igualdad de Derechos?
La Equal Rights Coalition (ERC), en español Coalición por la Igualdad de Derechos, es un mecanismo intergubernamental de más de 40 países, dedicado a proteger los derechos de las personas LGBTIQ+ en el mundo. Funciona como un espacio de trabajo conjunto entre gobiernos y sociedad civil: emite pronunciamientos públicos e interviene diplomáticamente cuando se registran abusos contra esta población, y también reconoce los avances de gobiernos, legislaturas y tribunales.
¿Qué decidió el Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre esto?
Fue el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional el encargado de notificar la salida por nota diplomática, con efecto inmediato. Los destinatarios fueron el Comité Ejecutivo de la coalición y el Gobierno de España, con el que Colombia compartía la copresidencia. En ese mismo documento, la Cancillería agradeció a España y a las organizaciones civiles de ambos países por el trabajo conjunto. Al principio, la nota no explicó las razones de la salida.
¿Qué explicación dio el Gobierno tras conocerse la salida de la coalición internacional por los derechos LGBTIQ+?
Horas después de que la noticia generara cuestionamientos, el viceministro Pedro Agustín Roa salió a dar declaraciones públicas al respecto. Según explicó, la salida responde a una revisión general de las prioridades de la política exterior colombiana, ‘El retiro de Colombia de la coalición por la igualdad de derechos no significa en modo alguno un retroceso en materia de derechos para la población LGBTIQ+‘, afirmó.
La Cancillería sostuvo además que la participación en este mecanismo específico ‘no era prioritaria’ para la actual administración, y que la decisión no implica cambios en las protecciones existentes dentro del país. Roa defendió el marco legal vigente en Colombia: ‘Colombia tiene un cuerpo muy robusto en materia de derechos protegidos por la Constitución Política, políticas públicas y una serie de normativas, así como sentencias de la Corte Constitucional que protegen a las minorías por orientación sexual’.
¿Qué implica que el Gobierno retire a Colombia de la coalición internacional por los derechos LGBTI?
En términos prácticos, el retiro significa que Colombia deja de participar como Estado miembro en los espacios institucionales de la Coalición, incluidos los grupos temáticos y los escenarios de coordinación conjunta entre gobiernos y sociedad civil. También implica la renuncia anticipada a la copresidencia que el país ejercía junto a España, un rol que Colombia asumió a finales de 2024, durante la conferencia anual de la coalición en Berlín, por un periodo de dos años.
Más allá de lo administrativo, distintas voces han señalado que esta salida tiene un peso simbólico importante en el escenario internacional. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, organización que ejercía la copresidencia de la sociedad civil por Colombia, describió la decisión como «desafortunada» y advirtió sobre su impacto: ‘Nos dejan en una mala posición a nivel internacional, porque está dando un mensaje hacia afuera de que no hay un reconocimiento por la protección de los derechos de las personas LGBTI‘. La organización sostuvo, además, que proteger estos derechos es una responsabilidad del Estado que no debería cambiar de un gobierno a otro.
