La Fiscalía General de la Nación ratificó que la alerta internacional ya fue emitida desde la oficina central de Interpol. Una decisión que amplía el alcance del proceso y abre interrogantes sobre el papel de Colombia en el entramado de la justicia transnacional.
Hoy, 22 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación confirmó que la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon, Francia, aprobó y publicó una circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). La alerta internacional, solicitada formalmente el pasado 4 de julio, busca su localización y posible detención en cualquiera de los países miembros de Interpol.
El anuncio oficial marca un punto clave en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde González está implicado en una investigación por corrupción.
Según la versión de la Fiscalía, González habría liderado un arreglo de contratos públicos con sobornos a congresistas para facilitar la aprobación de reformas del Gobierno. Uno de los testimonios clave es el de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien detalló que se entregaron 4.000 millones de pesos repartidos entre los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.
Desde hace meses el proceso había avanzado. Fue el 4 de julio cuando la Fiscalía solicitó formalmente a Interpol que emitiera la circular roja. Pero hasta hoy esa alerta no había sido aprobada ni publicada por la autoridad internacional.
La circular roja, vigente desde hoy, habilita legalmente a las autoridades de los aproximadamente 196 países miembros de Interpol para que lo busquen y lo detengan si aparece en su jurisdicción. No obstante, su captura depende de la cooperación internacional y de las condiciones legales que cada país aporte ante solicitudes de extradición o entregas.
Este avance llega en medio de presión política y mediática, dada la posición de González como figura influyente del Gobierno anterior, su cercanía con sectores legislativos, y su papel estratégico en los mecanismos del Estado. Hoy, las autoridades judiciales señalaron que los elementos de prueba presentados durante la audiencia inicial fueron suficientes para fundamentar la solicitud ante Interpol.
El panorama hoy sugiere que, aunque la circular roja no garantiza la captura inmediata, sí representa un paso para estrechar las opciones legales contra González. Mientras permanezca en Nicaragua, con protección oficial, ese país puede seguir rechazando la entrega con base en argumentos de seguridad jurídica o derechos humanos. Pero la nueva alerta internacional complica su situación práctica: moverse fuera de Nicaragua o atravesar fronteras se vuelve riesgoso desde el punto de vista legal.
En definitiva, lo confirmado hoy no es solo una noticia en un expediente más de corrupción. Es un acto concreto de la justicia internacional que pone sobre la mesa la capacidad del Estado colombiano para exigir responsabilidad a quienes, presuntamente, desviaron recursos públicos y establecieron redes de influencia política. Que la circular roja haya sido emitida por Interpol hoy significa que el caso gana una dimensión global, algo que puede alterar tanto la movilidad de González como la estrategia legal que se despliegue en las próximas semanas.
