La administración de Donald Trump anunció la cancelación del visado del presidente colombiano tras sus declaraciones en Nueva York, donde llamó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes. Petro respondió denunciando una violación a la inmunidad internacional y acusó a Washington de represalia por sus críticas sobre Gaza.
Estados Unidos acaba de dar un paso pocas veces visto: revocar la visa del presidente colombiano Gustavo Petro, una medida drástica y cargada de posibles efectos geopolíticos y simbólicos. Lo sorprendente no es tanto la decisión en sí, sino el contexto en que ocurre, con declaraciones explosivas, tensiones en ascenso y un enfrentamiento diplomático abierto entre Bogotá y Washington.
El detonante: el discurso en Nueva York y la acusación de “ordenar desobedecer”
La chispa de esta crisis se encendió durante la visita de Petro a Nueva York, con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí participó en una manifestación pro-Palestina frente a la sede de la ONU, acompañado incluso por figuras internacionales como el músico Roger Waters. En ese acto público, pronunció frases contundentes: dijo que pediría a la ONU una resolución para crear un “ejército de salvación del mundo” cuya misión principal sería liberar Palestina. Más allá de eso, afirmó con vehemencia: “les pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar sus fusiles contra la humanidad. Desobedezcan la orden de Trump”. Esa petición de “desobedecer” órdenes presidenciales EE. UU. la consideró el Departamento de Estado como un acto imprudente e incendiario.
La decisión de EE. UU. y su anuncio oficial
La decisión fue difundida el 26 de septiembre de 2025 por el Departamento de Estado. Según la justificación oficial, la revocación de la visa responde a las “acciones imprudentes e incendiarias” de Petro durante su intervención pública en Nueva York, pero el mensaje es contundente: un jefe de Estado que pide a fuerzas armadas de otro país que no obedezcan sus autoridades nacionales ha cruzado una línea diplomática.
En el comunicado estadounidense no se extendió en un análisis legal profundo ni en un procedimiento diplomático tradicional; la medida se presentó como ejecutable de inmediato, apoyada por el argumento de que las declaraciones de Petro violaban estándares básicos de conducta internacional.
Cabe notar que Petro ya había emitido críticas fuertes hacia la administración de Trump durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, acusándolo de ser “cómplice de genocidio” por la situación en Gaza, y pidiendo que se investiguen ataques con misiles contra embarcaciones en el Caribe que EE. UU. ha atribuido al narcotráfico. Esa narrativa había tensado ya la relación bilateral antes de esta medida.
La respuesta colombiana: acusaciones de violación de inmunidad y apelaciones al derecho internacional
La reacción de Gustavo Petro y de su equipo fue inmediata y con tono desafiante. Al aterrizar en Bogotá, el presidente declaró en sus redes que “llegué y me encuentro que ya no tengo visa a EE. UU.” y añadió que “lo que hace el gobierno de EE. UU. conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas”. Subrayó que los mandatarios gozan de total inmunidad cuando asisten a la Asamblea General, y que EE. UU. no puede condicionar la opinión del presidente colombiano. Además, reclamó que la sede de la ONU no puede continuar en Nueva York, como consecuencia de lo que considera un agravio diplomático.
Petro también argumentó que la revocación de su visa se debe a que él denunció el genocidio en Gaza y pidió que EE. UU. no apoyara acciones violentas, lo cual habría motivado una represalia política cotidiana. Respecto a su movilidad internacional, señaló que también posee ciudadanía italiana y podría viajar mediante el programa ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje). Sin embargo, expertos advierten que el hecho de tener ciudadanía de un país con exención de visa no garantiza que se le permita la entrada, si las autoridades estadounidenses consideran que hay un motivo de inadmisión.
El gobierno colombiano, por medio del ministro del Interior Armando Benedetti, reaccionó también en redes: dijo que al único al que le debieron quitar la visa era a Netanyahu, asumiendo que EE. UU. protege al primer ministro israelí ante posibles críticas internacionales. En suma, Bogotá ve la medida como un ataque político directo y una vulneración del derecho internacional.
Antecedentes de tensión entre Colombia y EE. UU.
Para comprender la radicalidad del episodio, conviene revisar que la relación bilateral ha vivido momentos agudos en 2025. En enero, cuando Trump impulsó deportaciones masivas de ciudadanos colombianos, Petro al principio se negó a aceptarlas en aviones militares, lo que desató una confrontación diplomática que incluyó amenazas de sanciones y tarifas comerciales. Luego, Colombia cedió y aceptó los vuelos bajo acuerdos. Más adelante, en julio, ambos países retiraron embajadores para consultas, en uno de los gestos más efectivos de protesta diplomática, por declaraciones “infundadas e inaceptables” emitidas desde Colombia.
En paralelo, EE. UU. ha decidido descertificar a Colombia como aliado confiable en la lucha contra las drogas en 2025, una decisión política que ha sido interpretada por Bogotá como un golpe diplomático de gran calado. Estas decisiones han visibilizado que el vínculo de cooperación no es estrictamente técnico, sino un espacio de negociación política constante
Desde la perspectiva colombiana, Petro ya anticipó que la medida no le afecta sustancialmente, asegurando que continuará ejerciendo su liderazgo y que “no volveré a ver el Pato Donald” (frase irónica para referirse a Trump) hasta nuevo aviso. Sin embargo, esa actitud también encierra un riesgo político interno: la oposición ha reprochado al mandatario que él mismo ha elevado la confrontación diplomática de forma deliberada.
Este episodio marca un punto de inflexión en la relación bilateral. La medida no surgió en el vacío: se apoyó en declaraciones explícitas del presidente colombiano, en el contexto de críticas vehementes a la política internacional de EE. UU., y en la percepción de que líneas diplomáticas habían sido cruzadas. Por su parte, Petro asumió una defensa firme apelando a normas de inmunidad, al derecho internacional y a su ciudadanía europea como recurso alternativo.
Lo que queda claro es que este episodio no será pronto olvidado. Abre interrogantes sobre el equilibrio entre libertad de expresión, soberanía presidencial y los límites de la diplomacia moderna. Y, sobre todo, reafirma que, cuando un mandatario latinoamericano desafía las políticas estadounidenses de modo frontal, las consecuencias no tardan en llega
