La caída de la reforma en el Senado puso en evidencia las tensiones alrededor del sistema de salud. Mientras el Gobierno insiste en transformar el modelo, sectores políticos y gremiales piden ajustes más realistas que no pongan en riesgo la atención de millones de usuarios.
El 3 de octubre de 2025, la Comisión Séptima del Senado archivó el proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El hecho significó que una de las propuestas más importantes de la actual administración quedara suspendida en su trámite legislativo, pero no cerró la conversación sobre la necesidad de transformar el sistema. Lo ocurrido refleja un panorama en el que la salud sigue siendo un asunto central para millones de colombianos, pues de ello depende el acceso oportuno a tratamientos, la sostenibilidad financiera de hospitales y clínicas, y la confianza en que un derecho fundamental pueda garantizarse en condiciones de equidad.
La relevancia de esta coyuntura radica en que el proyecto no buscaba hacer ajustes menores, sino un cambio estructural. El Gobierno propuso que el dinero de la salud dejara de administrarse por las EPS (Empresas Prestadoras de Salud) y pasara a ser manejado directamente por el Estado. En paralelo, planteó la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), con el propósito de descentralizar la prestación de servicios y acercar la atención médica a comunidades que hoy enfrentan barreras geográficas o administrativas.
El modelo planteado apuntaba a tres objetivos principales: fortalecer la atención primaria, eliminar la intermediación financiera y garantizar mayor transparencia en el flujo de recursos. La premisa era que, si el Estado controlaba directamente la distribución, se podrían evitar retrasos en pagos a hospitales, reducir la corrupción y asegurar que los dineros públicos se invirtieran en la atención y no en gastos administrativos.
Sin embargo, la propuesta generó desacuerdos. En la Comisión Séptima, donde históricamente se tramitan los grandes debates sociales, no se lograron los votos necesarios para que avanzara. La decisión fue interpretada por analistas como un revés político, aunque más allá de la coyuntura legislativa, el trasfondo refleja que no existe consenso sobre cuál debe ser el camino para mejorar el sistema de salud.
El modelo vigente tiene su origen en la Ley 100 de 1993, que instauró un esquema de aseguramiento en el que las EPS cumplen un papel central. Estas entidades reciben recursos públicos a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y se encargan de organizar la atención de los afiliados mediante convenios con hospitales, clínicas y laboratorios.
Este esquema permitió que Colombia alcanzara una cobertura cercana al 97% de la población, un logro que organismos internacionales han reconocido. De hecho, la OCDE destacó en 2022 que el país tiene uno de los niveles de aseguramiento más altos de América Latina. No obstante, el modelo también ha enfrentado críticas constantes: deudas multimillonarias a hospitales, retrasos en pagos, procesos judiciales para acceder a tratamientos y denuncias por mal manejo de recursos.
Según datos de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la deuda del sistema con hospitales y clínicas supera los 14 billones de pesos en 2025. Esto significa que muchas instituciones trabajan con dificultades financieras, lo que a su vez afecta la calidad y continuidad de los servicios.
El proyecto de reforma presentado por el Gobierno buscaba replantear de raíz esta estructura. Entre sus puntos más importantes estaban:
- Eliminación del rol central de las EPS: el Estado asumiría la gestión directa de los recursos, evitando la intermediación de las aseguradoras privadas.
- Fortalecimiento de la atención primaria: los CAPS serían la puerta de entrada al sistema, con equipos médicos en las regiones y un énfasis en la prevención y el diagnóstico temprano.
- Transparencia en el flujo de recursos: los pagos llegarían de manera directa a hospitales y clínicas, con el objetivo de reducir la cartera acumulada.
- Condiciones laborales: se buscaba formalizar a miles de trabajadores de la salud que hoy laboran con contratos temporales o sin estabilidad.
Para el Ejecutivo, estos cambios eran necesarios para garantizar que la salud funcionara como un derecho universal y no como un negocio.
Los opositores del proyecto plantearon que desmontar de manera abrupta el sistema de EPS podía tener consecuencias negativas. El argumento principal fue que el Estado no cuenta hoy con la capacidad administrativa ni tecnológica para manejar directamente todos los recursos, que superan los 80 billones de pesos anuales. También advirtieron que, al eliminar a las aseguradoras, se corría el riesgo de desfinanciar hospitales privados y generar un cuello de botella en la prestación de servicios.
La ACHC (Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas) expresó que, aunque es cierto que el modelo actual necesita ajustes, “un cambio de esta magnitud requiere una transición ordenada y con planes piloto que eviten interrupciones en la atención”. De manera similar, gremios médicos subrayaron que el énfasis debía estar en mejorar la atención primaria y en fortalecer las redes en zonas rurales, más que en modificar la estructura administrativa.
Incluso dentro de sectores cercanos al Gobierno hubo reservas. Algunos congresistas aliados señalaron que la propuesta necesitaba mayores garantías financieras y que los mecanismos de implementación no estaban claramente definidos.
Un debate con larga historia
La discusión sobre la reforma a la salud no empezó en este gobierno. Durante las últimas dos décadas, varios intentos de modificar la Ley 100 han fracasado o se han quedado en ajustes parciales. Gobiernos anteriores presentaron proyectos que proponían cambios en la forma de contratación de médicos, en la regulación de medicamentos y en la supervisión de las EPS. Sin embargo, ninguno logró transformar la estructura de fondo.
El caso más reciente antes del actual fue la reforma de Juan Manuel Santos en 2013, que buscaba un mayor control estatal sobre las EPS a través de la creación de la entidad Salud Mía. Aunque se aprobó en el Congreso, nunca se implementó por falta de reglamentación.
Esto explica por qué el tema sigue siendo tan sensible: cada administración reconoce la necesidad de cambios, pero la complejidad del sistema y los intereses en juego han impedido que haya una solución definitiva.
El hundimiento de la reforma de la salud en el Senado no representa un cierre, sino un llamado a profundizar la discusión. En Colombia, hablar de salud no es un asunto abstracto ni técnico: impacta directamente en la vida diaria de millones de personas.
La pregunta central no es si se necesita o no una reforma, sino qué tipo de reforma debe adoptarse para que el sistema funcione mejor.
En este sentido, lo que está en juego no es solo un modelo administrativo, sino la capacidad de un país de garantizar atención oportuna y de calidad a sus ciudadanos. Lo ocurrido en los últimos días abre un espacio para repensar colectivamente hacia dónde debe avanzar Colombia en materia de salud y cómo lograr que ese derecho se materialice de manera justa y sostenible
