En medio de nuevas conversaciones diplomáticas y un escenario global incierto, Brasil intenta contener el impacto de los aranceles impuestos por Washington mientras refuerza su posición ante la OMC y evalúa alternativas que protejan su comercio exterior.
Desde hace semanas, Brasil y Estados Unidos viven una fase de tensión comercial que ya no es coyuntural sino estructural: lo que comenzó como una imposición arancelaria se ha transformado en una negociación política abierta. En ese contexto, esta semana se registró una novedad que podría marcar un punto de inflexión: el 6 de octubre de 2025, los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump sostuvieron una llamada de treinta minutos, en la cual Lula solicitó explícitamente la eliminación de un arancel del 40 % que pesa sobre productos brasileños. En la conversación, ambos líderes intercambiaron números telefónicos y se comprometieron a sostener nuevas reuniones.
Ese gesto simbólico se suma a una serie de movimientos ya en curso: Brasil mantiene activa una consulta ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), evalúa posibles medidas recíprocas, y aplica instrumentos de apoyo interno para suavizar el golpe a sus exportadores. No obstante, las cifras más recientes dejan claro que el daño es real: en septiembre los envíos brasileños a EE. UU. se contrajeron 20,3 % en relación al año anterior, pese a que el total de exportaciones del país creció un 7,2 %, alcanzando US$ 30,5 mil millones.
Para Brasil, lo que está en juego va más allá de tarifas: se trata de la capacidad de defender su inserción comercial sin quedar a merced de decisiones unilaterales. Pero tampoco se trata de resistencia pasiva: el gobierno ha balanceado su apuesta entre lo legal, lo diplomático y lo táctico, con una clara preferencia por buscar salidas negociadas.
Estados Unidos, bajo la administración de Trump, aducía que Brasil aplicaba políticas que afectaban intereses estadounidenses, citando casos de proteccionismo bajo discursos de emergencia nacional. En julio, se formalizó la imposición de un 40 % adicional sobre las importaciones brasileñas, lo que, junto con una tarifa previa del 10 %, redondeó un gravamen de 50 % sobre la mayoría de productos brasileños.
Brasil no tardó en responder. Presentó una consulta ante la OMC, argumentando que las medidas estadounidenses vulneran normas multilaterales de comercio. EE. UU. aceptó esa consulta, lo que obliga al país a participar del proceso legal institucional. Pero Brasil no depositó todas las esperanzas en Ginebra: también activó una ley de reciprocidad nacional que faculta aplicar aranceles de respuesta si otro país impone restricciones arbitrarias.
En paralelo el gobierno ha implementado medidas de apoyo para empresas afectadas: líneas de crédito, alivios fiscales y estímulos a la diversificación de mercados, con el fin de reducir el costo social del conflicto.
El sector del café ha sido uno de los más golpeados. Según la Cámara de Exportadores de Café de Brasil, las exportaciones hacia EE. UU. se desplomaron 46 % en agosto frente al mismo mes del año anterior, y sufrieron otro descenso del orden del 20 % hasta mediados de septiembre.
Ese deterioro ha obligado a muchas operadoras a acumular inventarios, mientras que compradores estadounidenses solicitan postergar compras, ante la incertidumbre tarifaria. Esa estrategia, sin embargo, acarrea costos financieros: las cartas de crédito y contratos previos pierden valor frente a los cambios de plazo.
El efecto no se limita al café. El conjunto de exportaciones brasileñas hacia EE. UU. cayó 20,3 % en septiembre, al ubicarse en US$ 2,58 mil millones, lo que constituye la caída mensual más fuerte del año para ese mercado. Mientras tanto, Brasil mantuvo crecimiento en su comercio global: el total de exportaciones creció 7,2 %, pero con fuertes caídas en los flujos con EE. UU.
Dentro del segmento del café especial, por ejemplo, los envíos al mercado estadounidense han caído casi 70 %, mientras que un producto singular (el café del ave Jacu) parece resistir mejor la caída, al encontrar demanda en mercados europeos y asiáticos.
La magnitud del impacto varía según el tipo de bien. De acuerdo con estimaciones recientes, hasta 35,9 % del valor total de las exportaciones brasileñas hacia EE. UU. podrían quedar afectadas por las tarifas más elevadas.
La conversación entre Lula y Trump marcó un momento relevante: fue la primera toma de contacto directa de alto nivel desde la imposición de tarifas. Lula pidió que se restablezca la tarifa anterior (10 %) y enfatizó que Brasil es uno de los pocos países del G20 con superávit comercial frente a EE. UU. Según él, esa sería una señal de que la relación bilateral no está rota.
Trump respondió que la llamada fue “muy buena” y que los países “harán muchas cosas juntos”. También afirmó que habrá nuevas conversaciones y encuentros presenciales en Washington y Brasil. Brasil confirmó que las dos partes acordaron verse cara a cara pronto.
Este intercambio no elimina las tarifas ni modifica los contratos vigentes, pero sí abre un cauce diplomático que hasta ahora había sido reemplazado en su mayoría por comunicados públicos y declaraciones oficiales. En ese sentido, la llamada funciona como una apuesta de Brasil a que las presiones políticas abran espacio para ajustes técnicos.
Brasil tiene hoy varias rutas posibles, sin que ninguna esté exenta de riesgos:
- Negociación segmentada: buscar que EE. UU. conceda exenciones o plazos en productos estratégicos como café, carne o manufacturas sensibles.
- Litigio prolongado en la OMC: si el panel falla a favor de Brasil, podrá reclamar ajustes, aunque el resultado y su aplicación pueden tardar mucho.
- Medidas recíprocas: implementar aranceles de respuesta dirigidos y selectivos, usando la base legal existente, intentando que el impacto en EE. UU. sea notable sin perjudicar sectores brasileños vulnerables.
- Convertir la escalada en ventaja diplomática: usar la presión comercial como argumento para reforzar alianzas con otros bloques, diversificar mercados y reducir dependencia del mercado estadounidense.
