El gobierno de Italia aprobó la apertura de casi medio millón de permisos laborales para ciudadanos no comunitarios entre 2026 y 2028. Una medida que busca compensar la escasez de trabajadores en sectores clave como agricultura, turismo, construcción y asistencia doméstica. Con una población envejecida y una natalidad en caída, el país impulsa su mayor apertura migratoria en décadas.
Italia enfrenta un desafío estructural que se ha vuelto urgente: no tiene suficientes trabajadores. El envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad y el éxodo de jóvenes hacia otros países europeos han dejado vacantes en sectores esenciales. En respuesta, el gobierno liderado por Giorgia Meloni aprobó un decreto que permitirá emitir 497.550 visados de trabajo para extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea entre 2026 y 2028.
El plan, conocido como Decreto Flussi, fue aprobado oficialmente a finales de junio de 2025 y se considera uno de los programas migratorios más amplios en la historia reciente del país. El objetivo es incorporar mano de obra en áreas donde los empleadores italianos no logran cubrir la demanda. La medida está respaldada por datos del Instituto Nacional de Estadística (ISTAT), que revelan que Italia cerró 2024 con 281.000 muertes más que nacimientos, una diferencia que redujo su población total a 58,9 millones de habitantes.
Esa pérdida demográfica ha tenido efectos directos en la economía. Menos jóvenes significan menos fuerza laboral disponible. Y en sectores como la agricultura, el turismo y los servicios domésticos, esa falta se traduce en cosechas sin recoger, hoteles sin personal y hogares sin cuidadores. El nuevo decreto busca atender esa realidad con una política que combina apertura regulada y control estatal.
El plan contempla que en el primer año, 2026, se otorguen 164.850 permisos laborales, mientras que el resto se distribuirá entre 2027 y 2028. A diferencia de anteriores ediciones del Decreto Flussi, este incorpora cuotas más amplias y un enfoque más técnico, con base en los estudios del Ministerio del Trabajo y las asociaciones empresariales.
En el desglose:
- 267.000 visados estarán destinados a trabajos de temporada, principalmente en agricultura, turismo y servicios de verano.
- 230.550 visados cubrirán empleos no estacionales o autónomos, como construcción, transporte, asistencia doméstica y oficios técnicos.
- Dentro de esta última categoría, se reservarán 13.600 permisos para trabajadores del hogar y cuidadores, un sector crítico dada la edad media de la población italiana, que ya supera los 48 años.
Estas cifras reflejan una política pragmática: permitir el ingreso de trabajadores extranjeros en actividades donde los italianos no están dispuestos o disponibles para laborar.
El Ministerio del Interior aclaró que el objetivo del decreto es reforzar los canales legales de migración, no abrir de manera indiscriminada las fronteras. En palabras del ministerio: “Italia necesita trabajadores, pero necesita orden”. Por eso, el programa mantiene el sistema de solicitud digital conocido como click day, en el que las empresas deben registrar sus peticiones en fechas específicas.
Sin embargo, el mecanismo no está exento de críticas. En años anteriores, el proceso colapsó por exceso de solicitudes. Miles de empresas quedaron sin poder aplicar debido a la saturación de los servidores. Para corregirlo, el gobierno anunció que implementará mejoras tecnológicas y evaluará la posibilidad de ampliar los plazos de postulación. El reto no será solo autorizar visados, sino convertirlos en contratos reales y efectivos.
El contexto económico ayuda a entender la urgencia. La tasa de fertilidad italiana se mantiene en 1,2 hijos por mujer, una de las más bajas de Europa, mientras que el país pierde cada año miles de jóvenes profesionales que emigran en busca de mejores oportunidades. Según la Fundación Leone Moressa, más de 1,3 millones de italianos se han marchado desde 2008, y en su mayoría son menores de 35 años. Paralelamente, la edad media supera los 48 años y una cuarta parte de la población ya se encuentra jubilada o próxima a hacerlo.
En este panorama, el gobierno ha optado por una política económicamente pragmática, más allá de las diferencias ideológicas. Aunque el Ejecutivo de Meloni mantiene un discurso firme frente a la migración irregular, reconoce que sin mano de obra extranjera la economía italiana no puede sostenerse. Los extranjeros representan hoy cerca del 11 % de la fuerza laboral, y su contribución al Producto Interno Bruto supera los 150 mil millones de euros anuales.
El sector agrícola es uno de los más afectados. La organización Coldiretti, principal asociación de productores del país, celebró la decisión y aseguró que “sin trabajadores extranjeros, buena parte de la producción agrícola estaría en riesgo”. Cada año, decenas de miles de trabajadores de Europa del Este, África y Asia llegan a Italia para participar en la recolección de frutas, verduras y vendimias.
En el turismo, que representa el 13 % del PIB nacional, la falta de camareros, cocineros y personal de mantenimiento ha obligado a varios hoteles a reducir su capacidad operativa. El decreto permitirá reforzar estas plantillas y mantener la competitividad en destinos emblemáticos como Roma, Florencia, Venecia o la Toscana.
El sector de asistencia y cuidado doméstico también depende casi por completo de trabajadores extranjeros. En un país donde las familias cuidan a sus mayores en casa, las “badanti”, como se les llama a las cuidadoras, se han convertido en una figura central. La escasez de personal en este rubro no solo afecta la vida cotidiana, sino también la estabilidad del sistema de salud pública.
El decreto tiene, además, un componente diplomático. Italia ha establecido acuerdos bilaterales con países que colaboran con su política migratoria, ofreciendo prioridad en las cuotas de visados a cambio de cooperación en el control fronterizo y el retorno de migrantes irregulares. Entre los países con los que mantiene diálogo en esta materia están Albania, Túnez, Egipto, Marruecos, Bangladesh y Filipinas.
La estrategia se conoce como “migración circular”, y busca que los trabajadores puedan ingresar temporalmente, desempeñar su labor y luego regresar a su país de origen, manteniendo la posibilidad de retornar bajo contratos formales. Este sistema pretende reducir la migración irregular y promover relaciones laborales reguladas, además de beneficiar a las economías de origen con remesas y capacitación técnica.
A pesar del enfoque estructurado, los desafíos siguen siendo significativos. En anteriores ediciones del Decreto Flussi, solo dos tercios de los permisos aprobados se tradujeron en empleos efectivos. La burocracia, los tiempos administrativos y la falta de coordinación entre los ministerios ralentizaron los procesos. En 2023, por ejemplo, de 136 mil cupos disponibles, cerca del 35 % no se materializó.
Los sindicatos advierten que sin un fortalecimiento institucional, el decreto podría quedarse en cifras simbólicas. Reclaman una mejor supervisión de los contratos y políticas más firmes contra la explotación laboral. En los últimos años, informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del propio Ministerio de Trabajo italiano han denunciado casos de trabajo forzoso y malas condiciones en el campo, donde los jornaleros extranjeros trabajan jornadas de hasta 12 horas sin contratos formales.
Desde el punto de vista regional, el anuncio podría beneficiar también a Latinoamérica. En versiones anteriores del programa, países como Colombia, Perú, Ecuador y República Dominicana fueron incluidos en las cuotas de cooperación. En la edición de 2023, alrededor del 6 % de los permisos fueron concedidos a ciudadanos latinoamericanos, y se espera que la cifra crezca con el nuevo esquema.
Los consulados italianos en la región ya han adelantado que las convocatorias se abrirán durante el primer trimestre de 2026, y que las solicitudes deberán realizarse exclusivamente a través de los portales oficiales del Ministerio del Interior. Las autoridades advierten que no existen intermediarios autorizados ni pagos previos, con el fin de evitar estafas o redes de tráfico laboral.
